Por Juan Carlos Devis

La ley 1996 promulgada el pasado 26 de agosto de 2019 establece el nuevo “régimen para el ejercicio de la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad”. Dicha norma, tiene como efecto principal extirpar de nuestro ordenamiento jurídico las figuras de la interdicción e inhabilitación judiciales al modificar, entre otras normas, el numeral séptimo del artículo 22 del Código General del Proceso.

En su lugar, la ley 1996 de 2019 crea la figura de los “apoyos”, como medida para proteger la voluntad y las preferencias (toma de decisiones) de las personas con discapacidad mayores de edad, a quienes la mencionada ley1996 de 2019 denomina como “titulares del acto jurídico”.

De esta manera, en su artículo 6° la ley 1996 de 2019 dispone la presunción de capacidad así: “Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos

Debe mencionarse que la ley 1306 de 2009 instituía respecto a la figura jurídica de la inhabilitación que: “Las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para celebrar algunos negocios jurídicos…”, y, respecto de la figura de la interdicción: “La interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta es también una medida de restablecimiento de los derechos de la persona en situación de discapacidad…”.

La presunción de capacidad traída por artículo 6°la ley 1996 de 2019, extrae de nuestro ordenamiento jurídico la causal de nulidad absoluta que se encontraba en el inciso segundo del artículo 1741 del Código Civil. También implica que las personas con discapacidad serán responsables civilmente, es decir que deben indemnizar integralmente los perjuicios que causen en virtud responder con su patrimonio frente por los daños que causen a terceros derivados de responsabilidad contractual o extracontractual. Por lo que, surge el interrogante de si la ley 1996 de 2019 protege realmente a las personas con discapacidad

Así también, esta ley instituye la figura de los apoyos como una asistencia que se le presta a los “titulares del acto jurídico” y que pueden ser “apoyos”, en su calificación genérica; y, “apoyos formales”, los cuales cuentan con la característica de haber sido formalizados por alguno de los mecanismos que contempla la legislación nacional.

Estos apoyos pueden surgir de un “acuerdo de apoyos”, o, de un “proceso de adjudicación de apoyos”. Los primeros, debiendo constar en escritura pública y no pudiendo ser superiores a cinco (5) años; los segundos, llevados a cabo mediante un proceso de jurisdicción voluntaria, cuando el interesado sea el “titular del acto jurídico”, o, por medio de un proceso verbal sumario, cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico.

De esta manera, el artículo 11° la Ley 1996 incorpora el servicio de “valoración de apoyos”, valoración que podrá ser realizada por entes públicos o privados, desde que cumplan con los lineamientos y protocolos establecidos para este fin por el ente rector de la Política Nacional de Discapacidad. Para tal efecto, el Gobierno Nacional tendrá un año a partir desde el 26 de agosto del presente año para reglamentar dichos servicios.

Las entidades públicas que presten el servicio de valoración de apoyos lo harán de manera gratuita. Y, como mínimo, dicho servicio deberá ser prestado por la Defensoría del Pueblo, la Personería, los entes territoriales a partir de las gobernaciones y las alcaldías en el caso de distritos.

El artículo 37 de la ley 1996 de 2019 también modifica el artículo 586 del Código General del Proceso, determinando las reglas para la adjudicación de apoyos promovidos por el “titular del acto jurídico”. A su vez el artículo 38 de la misma ley modifica el artículo 396 del Código General del Proceso, y dispone las reglas para el proceso de adjudicación de apoyos para la toma de decisiones, cuando éste tipo de procesos es promovido por persona distinta al “titular del acto jurídico”.

Por otra parte, la mencionada norma permite que el “titular de acto jurídico” pueda definir la expresión fidedigna de su voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos, a través de la formación de “directivas anticipadas”.

De esta manera, se hace necesario resaltar que la ley 1996 de 2019, en su artículo 27 dispone la posibilidad de que el titular del acto pueda definir una cláusula de voluntad perenne, mediante la cual esta persona podrá invalidar de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de directivas anticipadas.

En relación con la evaluación del desempeño de los apoyos adjudicados judicialmente, el artículo 41 de la Ley 1996 de 2019 determina que anualmente desde la ejecutoria de la sentencia, la persona o las personas de apoyo deberán realizar un balance mediante el cual se le rendirá informe al titular de los actos ejecutados y al juez respectivamente.

Es interesante mencionar, que la Ley 1996 de 2019 permite que los apoyos puedan ser desempeñados tanto por personas naturales mayores de edad como jurídicas.

Por otra parte, el artículo 42 de la misma ley define quiénes podrán solicitar la modificación de apoyos, subrogado así el artículo 587 del Código General del Proceso, que versaba sobre la rehabilitación del interdicto.

Ya finalizando, la disposición normativa analizada cuenta con vigencia desde su promulgación – efecto general inmediato-, salvo las disposiciones que establezcan un plazo distinto, y, las contenidas en su capítulo V, que entrarán en vigencia pasados dos años desde su promulgación.

Por virtud de los artículos 55 y 56 de la ley 1996 de 2019, los procesos de interdicción e inhabilitación judiciales debieron suspenderse desde la promulgación de ésta. Y, todos aquellos procesos de esta naturaleza que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación, deberán ser revisados de oficio por los jueces de familia que los hayan adelantado, para determinar si quieres fueron declarados interdictos o inhabilitados para la celebración de ciertos actos requieren de la adjudicación judicial de apoyos.

Cualquier duda respecto la interpretación y aplicación de la presente ley, como en cuanto a los cambios introducidos por la misma, no dude en contactarnos.