El buen trato en el núcleo familiar en tiempos de la pandemia COVID-19

Por: Gabriel Devis y Milena Garzón

El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno Nacional a causa de la emergencia de salud provocada por el Covid-19, ha generado cambios importantes en nuestra forma de vida y en las relaciones interpersonales. Medidas como el teletrabajo, la educación ahora con clases virtuales y en muchos casos la suspensión total de las actividades, obligaron a las familias a compartir más tiempo del habitual, sin duda un cambio en nuestras vidas.

Para algunos, la anterior situación es sinónimo de tiempo para fortalecer los lazos y la unión familiar, para otros, el estrés, la ansiedad e incertidumbre propios de la crisis global se pueden convertir en enojo, falta de tolerancia, enfado e incomprensión hacia los miembros de la familia.

En este panorama, los conflictos, las discusiones, los malos entendidos y demás diferencias que puedan surgir en el seno interno de la familia, se podrían considerar como escenarios compresibles y entendibles que se pueden solucionar a través del diálogo, sin embargo, no siempre es así, puesto que se convierten en motivos que acrecientan el maltrato hacia los miembros de la familia y en algunos casos la violencia verbal (que es uno de los tipo de violencia moral), física o económica, especialmente hacia aquellos que se encuentran en una situación de indefensión o vulnerabilidad, como mujeres y menores.

Usualmente el maltrato y la violencia se presentan en tres fases; la primera llamada acumulaciones de tensiones, la cual se da por la suma de discusiones y malos entendidos que incrementan la tensión y la hostilidad, acompañada de agresiones verbales que en ocasiones puede estar acompañada de agresiones físicas; la segunda denominada episodios agudos se transforma en golpes, abuso sexual, físico y psíquico que puede llegar a las lesiones personales, el homicidio o llevar a la víctima al suicidio; y una tercera fase llamada luna de miel donde el victimario muestra arrepentimiento, pero la actitud maltratadora persiste[1].

Nuestra Corte Constitucional, consciente de que la familia es una institución básica e imprescindible en toda organización social, ha señalado con fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política, que la familia debe verse desde la óptica de los derechos fundamentales. Esto significa que el Estado debe velar por su protección integral, así como por la igualdad y respeto de los derechos de los miembros de la familia. Lo anterior significa que para los integrantes de la familia se desprenden varios derechos y deberes, tanto de contenido patrimonial, y principalmente de carácter psicológico y afectivo en procura de mantener los principios de armonía, respeto mutuo y unidad familiar.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la protección a la familia es de rango constitucional, pero también, como lo explicaremos a continuación, tiene un desarrollo legal.

La ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000 y la ley 1257 de 2008, contempla que cualquier persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de agresión física, psíquica, o en su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, puede solicitar una medida de protección. Por su parte, la ley 599 de 2000 (Código Penal) consagra el delito de violencia intrafamiliar, estableciendo una pena privativa de la libertad que puede ir de 4 a 8 años.

Como podemos apreciar el Estado colombiano a través de la normativa mencionada y en conjunto con otras disposiciones, ha creado ciertas medidas de protección para los miembros del núcleo familiar, tales como (i) el desalojo del agresor de la vivienda familiar, (ii) la orden al victimario de abstenerse de ingresar a cualquier lugar en que esté la víctima, (iii) la prohibición del traslado de las víctimas cuando estas son menores o se encuentran en un claro estado de indefensión, (iv) la prohibición de enajenación de bienes, entre otras.

Tal es la importancia que ha dado el Gobierno Nacional para la protección de la familia y sus integrantes en tiempo de pandemia que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio y la suspensión de términos judiciales, dispuso la atención especial a los casos sobre violencia intrafamiliar. Particularmente, a través del Acuerdo de fecha 25 de abril de 2020, la rama judicial, exceptuó los siguientes procesos para la atención de casos sobre violencia intrafamiliar: i) la acción de tutela, la cual se puede ejercer en estos casos como mecanismo transitorio[2], y ii) las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya Comisario de Familia. El gobierno nacional mediante el decreto 460 de fecha 22 de marzo de 2020, determinó que las comisarías de familia prestarían servicio con normalidad y de manera presencial y se habilitó la línea púrpura que presta orientación y ayuda en los casos de violencia de género, así mismo la Procuraduría General mediante Resolución 0172 de 16 de abril de 2020 habilitó el servicio de atención virtual con el mismo propósito.

Así las cosas, no existe la menor duda que es deber moral, constitucional y legal, mantener el buen trato con los demás miembros de la familia, aun cuando ello pueda resultar complejo en algunos casos durante el aislamiento preventivo obligatorio; por lo anterior, en caso que se encuentre en una situación de riesgo en esta época de pandemia, se puede acudir a las autoridades judiciales o administrativas a fin que tomen las medidas necesarias para restablecer y proteger el orden y buen desarrollo del entorno familiar.

El respeto por los miembros de la familia es la columna vertebral del buen funcionamiento del hogar, por ello no se debe dudar en hacer valer y en defender este derecho considerado fundamental, como ya vimos.

En DEVIS FRAIJA ABOGADOS contamos con un grupo de abogados especializados en Derecho de Familia que puede atender en forma virtual sus consultas.

Gabriel DEVIS
Socio Fundador

Milena GARZÓN
Abogada Junior

DEVIS FRAIJA ABOGADOS S.A.S.
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[1] Parra B. Jorge, Derecho de Familia, Tomo I. Ed, Temis. 2019, Pág. 92

[2] Sentencia T- 133 de 2004, Corte Constitucional, procedencia de la acción de tutela en casos de violencia intrafamiliar “En estos casos excepcionales, en los que la violencia desborda el ámbito de la regulación legal y compromete derechos fundamentales, como cimiento del sistema político y jurídico constituido, puede ejercerse la acción de tutela con miras a su protección”